OPINIÓN. ¿Una nueva oportunidad perdida para revisar nuestro Modelo de Seguridad?

Autor: Jaime Tovar Jover
Fecha: julio 2005

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Se acercan unos meses en los que se va a abrir un amplio debate sobre la determinación de un nuevo alcance de las competencias de las CCAA y, esperemos, sobre la financiación de estas administraciones. La reforma de los estatutos se presenta como una realidad ya admitida por los partidos del arco parlamentario y -lo que es más importante- por los dos mayoritarios que realmente tienen capacidad de gobernar la administración central.

Debate abierto sobre la Seguridad Pública

Los temas referidos a la seguridad pública no están siendo objeto de tanto interés como otros (sanidad, educación, etc.), pero sí han tenido cierto eco, y realmente lo que centra el debate político y mediático es la posibilidad de ampliar el número de CCAA que pueden crear Policía Autónoma y más tímidamente la posibilidad de dotar de más competencias a estas policías (o a la administración autonómica).

Hay un común denominador de las propuestas incluso de los dos partidos mayoritarios: el modelo de policía autonómica por el que se apuesta no es un modelo de sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), se está hablando de incorporar un cuerpo más y no integrar o sustituir ninguna de las existentes. Se ha comentado que se ocuparían de velar por las competencias autonómicas (menores, medio ambiente, juego, etc.) y apoyar la acción de las FCSE.

Paralelamente a este debate hay también una línea abierta (que arranca sobre todo a partir de las propuestas del programa electoral socialista con responsabilidades de gobierno hoy en Madrid) que quiere incorporar de una manera más decidida las policías locales en funciones de seguridad ciudadana, aunque siempre en el ámbito de la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Por otra parte, en la capital de España (y puede ocurrir en otras grandes ciudades) se ha puesto en marcha el proyecto de los agentes de movilidad y la “desviación” de muchos efectivos de policía municipal al ámbito de la seguridad ciudadana. Recordemos que esta iniciativa municipal está siendo llevada a cabo por el Partido Popular. Vemos pues que parece que entramos en un nuevo escenario, en el que parecen implicados los dos partidos mayoritarios.

Problemas previos del debate

Planteada pues la situación en la que nos encontramos, nos tememos que ya es demasiado tarde para realizar las reflexiones que vamos a realizar a continuación, pero no por eso vamos a dejar de exponerlas.

En primer lugar hay que lamentar que el debate abierto realmente es un debate sobre el modelo policial y no es debate sobre el modelo de seguridad pública, ni siquiera sobre el modelo de autoridades competentes en esa materia, que es el que realmente debería realizarse.

Es verdad que la revisión del modelo policial pasaría por la modificación de las normas legales (básicamente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad LOFCS), pero no olvidemos cuantos años se lleva hablando de realizar esa revisión. Sin embargo ¡qué buena oportunidad se presenta ahora para acompasar la reforma estatutaria autonómica con la de esta Ley Orgánica!. Realmente este ejercicio de “coordinación” debería liderarlo el gobierno estatal, pero debería contar con la aceptación y la “complicidad” de todas las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, nos tememos que no se van a considerar de manera serena y seria una reflexión sobre las competencias de las policías y las duplicidades existentes (entre FCSE y entre estás y los otros cuerpos).

¿Es una solución crear más cuerpos de policía?

La incorporación de nuevos cuerpos de policía autonómicos en el escenario de todo el Estado va a complicar la situación, en mayor medida porque no se ha resuelto de manera adecuada los mecanismos y las herramientas de coordinación. No podemos decir que el Consejo de Política de Seguridad y las Juntas de Seguridad Autonómicas y Locales hayan cumplido su misión de manera óptima.

Pensamos que la mejora de los servicios policiales no se va a asegurar con la incorporación de más policías: ya se conoce que España es de los países de la Unión Europea, al menos de los anteriores a la ampliación, con más número de policías por habitante; esto significa que los españoles somos de los que más pagamos por recibir el servicio de seguridad. La solución no puede ser siempre más policía, hay que pensar en explorar seriamente otras fórmulas: mejor coordinación, más eficacia en el servicio, más implicación ciudadana, más medidas transversales que incidan en la seguridad, etc.

Fundamentos básicos de la propuesta

La propuesta que se apunta a continuación parte de tres principios fundamentales. El primero se refiere a que no es posible abordar la gestión de la seguridad pública de la misma manera en la ciudad de Barcelona que en la comarca de Sanabria. No se puede plantear un modelo similar para la ciudad de Valencia o para un Municipio rural de 5.000 habitantes de Castilla y León. La obsesión por tratar igual a ambas realidades y apostar por un único modelo de dirección política, con la misma estructura de autoridades, incluso con una misma policía, se ha demostrado que no funciona.

El segundo principio es que en un único territorio debería existir una policía que resuelva de manera integral toda la seguridad básica del territorio. Las ventajas son evidentes: concentración de información, inexistencia de duplicidades y esfuerzos replicados, única interlocución y referencia para los ciudadanos, etc. Esto permitiría reservar para las policías estatales los casos de mayor entidad delictiva o que transciendan territorialmente a los ámbitos policiales básicos (locales o regionales).

El tercer principio es el de propiciar una real descentralización en materia de seguridad, y la aplicación del principio de subsidiariedad (“todo lo que se puede resolver en el nivel más próximo al ciudadano debe hacerse en ese ámbito”). Nos parece ya absolutamente necesario que por fin se entienda que no es posible que desde Madrid se articule la política de seguridad de la provincia de Ourense, de la Costa del Sol o del Área Metropolitana de Barcelona, o por lo menos que sus autoridades y responsables regionales o locales tengan algo (mucho) que decir al respecto.

Es cierto que lo que se propondrá a continuación tiene difícil encaje en Euskadi y Cataluña, por la avanzada situación del despliegue de sus policías autónomas (allí claramente en un “modelo de sustitución” de las policías estatales).

Una propuesta de modelo de seguridad

Pasados casi veinte años con la LOFCS, que constituyó un importante avance y realmente decía todo lo que podía decir, ahora es el momento de redefinir de manera profunda el modelo de seguridad en nuestro país.

La propuesta está ya apuntada: una sola policía integral o básica en un territorio y una dependencia directa de la autoridad política más próxima a la realidad social que tenga capacidad real de gestionar ese servicio.

La jurisdicción territorial de esa única “policía integral” debería ser de ámbito local o regional, pero no tiene porqué ser siempre un municipio o una comunidad autónoma: puede que la solución para resolver los asuntos de seguridad en la zona rural del Pla de Mallorca sea la creación de un órgano político colegiado y un cuerpo policial de ámbito comarcal; en cambio puede que en Madrid el cuerpo y la autoridad de seguridad integral sea de ámbito municipal, y puede que en Barcelona la solución ideal pase por un Área Metropolitana que integre a varios Municipios.

Esta nueva concepción (ciertamente diferente al modelo actual de seguridad o policía) puede parecer inviable, pero es la que funciona en otros países como EE.UU por ejemplo. Y en nuestro Estado, es la que se ha impuesto en el ámbito de los servicios de prevención y extinción de incendios: existen servicios municipales, comarcales, otros provinciales e incluso algunos autonómicos. ¿Porqué no es posible aplicar este mismo modelo al de seguridad?.

Hay que tener en cuenta que no se propone un sistema para resolver el modelo policial, sino que se plantea también un nuevo modelo de autoridades. No tiene porque preocupar que la máxima autoridad de seguridad en una ciudad sea el Alcalde o, en otros casos, como en una comarca o zona metropolitana, un órgano político colegiado dónde estén representados las autoridades locales.

No se trataría, pues, de añadir más policías sino de “integrar” en un solo cuerpo (de ámbito territorial) los efectivos existentes y dotarle de una autoridad única, buena conocedora de la realidad social y de las necesidades ciudadanas.

Ir hacia el nuevo modelo

Es preciso reconocer que llegar a este punto no es fácil y deberán pasar varios años para que sea viable. Pero es posible empezar a preparar ese camino dando realmente más competencias a las autoridades locales y capacidad real para orientar las actuaciones y coordinar todas las policías que actúan en su territorio (sean del ámbito que sean).

Esto no impide que desde la Administración del Estado (Ministerio del Interior) se establezcan líneas básicas de actuación, objetivos, programas de intervención o estándares de funcionamiento, y que incluso éstos podrían ser la base para regular la financiación estatal de estas policías locales o regionales, que debe ser una condición irrenunciable del nuevo modelo. Un sistema similar utiliza el gobierno británico (a través del Home Office) para soportar económicamente las 52 policías regionales del Reino Unido.

Sería necesario crear estas nuevas policías integrales territoriales a partir de los efectivos de las policías locales o estatales, e incluso podría ser una buena estrategia (para evitar suspicacias) no formalizar ninguna predominancia y que ninguna policía se sienta especialmente “integrada” o “subordinada” a otra. Tenemos la certeza que, con la suficiente preparación, los que menos “sufrirían” esta integración serían los propios funcionarios policiales (iniciando una formación compartida, promoviendo la progresiva homogeneización de medios o retribuciones, etc.).

La propuesta permitiría/requeriría seguir manteniendo las policías estatales para las funciones policiales de ámbito supralocal o supraregional, el conocimiento de cierto tipo de delitos, la especialización en algunos tipos y para determinadas competencias de ámbito estatal (fronteras, etc.). Pero esto implicaría la reducción importante de los efectivos de estas FCSE, que pasarían a formar parte mayoritariamente en las policías integrales de ámbito territorial local o regional.

Como conclusión, queremos poner de manifiesto que sería lamentable que todo el debate que ahora se abre finalizara con el “parcheo” o “maquillaje” del modelo de seguridad pública de nuestro país. Es un momento interesante, y no debería pederse la oportunidad de revisar de manera adecuada el modelo y no descartar ninguna opción, aunque suponga remover determinadas situaciones establecidas. Pueden darse situaciones complicadas, pero cuando se dude, debata acaloradamente o cuando alguien se pierda, sería necesario recurrir al “norte” que debe guiar todo este proceso de reflexión: optimizar y mejorar el servicio de seguridad que se le ofrece a los ciudadanos, simplemente.